Lídia Senra pide que el Estado derogue el Decreto 8/2017 de la estiba por vulnerar los intereses generales y el mandato de la OIT

· Prepara un escrito dirigido a la CE en el que advierte que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo están por encima del Derecho de la UE

·  La eurodiputada advierte de que detrás de la eliminación de los registros de estibadores está la intención de las multinacionales de controlar los puertos

Santiago, 26 de maio de 2017.   La eurodiputada galega Lídia Senra, integrada en el Grupo Confederal de la  Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL), ha reclamado este viernes que el Estado español derogue el Real Decreto 8/2017 aprobado este mes, por el que se modifica el régimen de los trabajadores/as para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. Senra considera que esta ley debe ser derogada “puesto que el Estado español, en este caso, no defiende los intereses generales forzado por la Comisión Europea (CE), como argumenta, sino que defiende una posición que perjudica tanto a las trabajadoras y trabajadores de la estiba portuaria como a las empresas estibadoras y consignatarias ya establecidas en los puertos del Estado Español, algunas  desde hace muchos lustros”.

La europarlamentaria ha llamado a seguir los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha advertido  que la solución está en las manos do Estado, denunciando que detrás de toda esta maniobra “está la intención de multinacionales americanas, rusas y chinas de hacerse con los puertos del Estado español, y que no solo desmontaría el régimen laboral de los estibadores y estibadoras, sino también el empresarial de las consignatarias actuales, que desaparecerían”. “El Gobierno tiene una difícil papeleta con el  Real Decreto-Lei 8/20217 ya validado para adecuarse al derecho europeo”, advierte Lídia Senra, ya que “si pretende eliminar el registro de estibadores, es posible que esté  incumpliendo el mandato de la OIT”.

Lídia Senra denuncia que el 8/2017 “ más que ser un decreto de ordenación del sector en el Estado español de la actividad de la estiba, es en realidad un plan de bajas incentivadas y prejubilaciones, algo que popularmente se conoce como un ERE, es decir un plan que ademáis de reducir empleo, precariza, ya que en la práctica va a facilitar  substituir trabajadoras y trabajadores contratados en la actualidad con derechos por trabajadores y trabajadoras en precario. Lo que ha hecho el Gobierno con este Decreto es dotar de presupuesto prejubilaciones y bajas incentivadas, es decir, una reconversión portuaria con el objetivo de reducir el cuadro de personal y privatizar más aún la gestión”, considera.

La eurodiputada explica que la Comisión Europea, desde el 27 de julio de 2016, ya ha declarado directamente incompatibles los registros de estibadores. Sin embargo, la OIT reconoce el registro en los artículos 2 a 4 del Convenio 137 sobre el trabajo portuario, ratificado por el Estado español, que entró en vigor el 22 de abril de 1975. El artículo  2.1 afirma que “la política nacional deberá estimular a todas las partes interesadas para que, en la medida de lo posible, se asegure el empleo permanente o regular de los trabajadores/as portuarios”. O artigo 3.1 determina que “deberán establecerse y llevarse registros para todas las categorías de trabajadores/as portuarios, en la forma que determinen la legislación o práctica nacional”. Y el artículo o 3.2 añade que “los trabajadores/as portuarios registrados deberán tener la prioridad para el trabajo portuario”. Así mismo, el artículo 4.2 señala que “cuando sea inevitable reducir el contingente total de trabajadores/as registrados, se deberán  adoptar las medidas necesarias para impedir o atenuar los efectos prejudiciales de tal reducción sobre los trabajadores/as portuarios”.

Así pues, argumenta Lídia Senra, El convenio de la OIT contempla el registro de estibadores como garantía de estabilidad en el empleo, la prioridad de los estibadores registrados para la contratación, y que cualquiera  reducción  del mismo debe compensarse”.  Senra defiende que si bien se puede establecer la duda  sobre la primacía del Derecho de la Unión sobre el estatal, el Derecho de la Unión nunca puede estar por encima del Derecho Internacional Público como son los tratados con la OIT.

En base a esto, la europarlamentaria registrará en los próximos días en Bruselas un escrito dirigido a la Comisión Europea en el que le formulará al ente comunitario varias preguntas, con el fin de clarificar la situación. “Al obligar la CE al Gobierno del Estado español a suprimir los registros de estibadores está obligando a incumplir tratados internacionales al Estado, de forma que es voluntad de la Comisión favorecer los intereses de las multinacionales de la estiba y consignatarias, todo ello en detrimento de la calidad del empleo y de los derechos de los trabajadores e trabajadoras del sector en el Estado español?”, le preguntará .

“¿Si la legislación laboral de los Estados no está regulada por la UE, por qué se ameaza con multas al Estado español y se le obliga a tomar medidas que van en detrimento de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español en beneficio de empresas que no están establecidas en los puertos del Estado Español e instando a vulnerar convenios de la OIT?”, se pregunta Lídia Senra.

La eurodiputada entiende que “el principio de mercado único ni puede ni debe vulnerar el bienestar de las personas y los derechos laborales y que los empleadores deben respetar las legislaciones y no pueden imponer  sus condiciones tendentes a precarizar el empleo y empobrecer a las clases trabajadoras”. Por eso, llama a derogar cuanto antes el Real Decreto.

Con esta nueva iniciativa, Lídia Senra da un paso más, después de que laComisión Europea contestara a una pregunta anterior sobre el conflicto de la estiba, referida al fallido Real Decreto 4/2017, echando balones fuera.